Abstract
En el presente trabajo se va a realizar un análisis de las medidas contempladas en la legislación foral y autonómica relativas a la integración social del menor. Para ello, teniendo como base el precepto constitucional que indica que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia, que dichos poderes públicos asegurarán la protección de los hijos, iguales ante la ley con independencia de la filiación, y que los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos que tengan tanto dentro como fuera del marco matrimonial, durante el tiempo en que sean menores de edad, y en los demás casos en los que la legislación lo contemple, además de contar los menores con la protección de carácter internacional aplicable (art. 39), vamos a incidir en las cuestiones de carácter jurídico-civil que se planteen tanto en el aspecto teórico como práctico.
Hemos de tener en cuenta que el menor, como sujeto especialmente vulnerable cuyo interés superior siempre debe de prevalecer, sea cual sea el contexto en el que se produzca el conflicto que le pueda afectar, no siempre dispone de unas medidas que puedan aplicarse y sean consideradas adecuadas para ello. En muchas ocasiones y ello lo veremos a lo largo de este trabajo, uno de los aspectos especialmente sensibles es la integración del menor dentro de la sociedad, hasta que se considere como adulto con la plena capacidad de obrar, contemplando los supuestos de la emancipación.
Es muy importante que existan en la legislación sectorial aplicable unos servicios y programas de actuación para favorecer dicha integración, así como unos principios y servicios, teniendo en cuenta algunos casos como son los del menor extranjero. Nos proponemos, pues, realizar un análisis de la legislación foral y autonómica, por orden cronológico, respecto a la integración social del menor, así como de los principales programas de actuación, con la finalidad de determinar si el marco legislativo resulta oportuno y adecuado para la integración social del menor, especialmente el diseño de servicios sociales para evitar e incluso erradicar la situación de desamparo en la que se puede encontrar el menor.
El estudio realizado nos permite concluir que el menor se puede encontrar en distintas situaciones a lo largo de su minoría de edad y a raíz de circunstancias familiares y sociales que determinan que sea la norma quien facilite que el menor no se vea excluido.
La legislación analizada mantiene una uniformidad a la hora de adoptar las medidas de integración social del menor, lo cual es muy loable, ya que estamos ante un colectivo altamente vulnerable y digno de la máxima protección: el menor.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que la integración social también se debe contemplar en otras situaciones en las que no ha sido posible su estudio dada la extensión del presente trabajo. Entre tales situaciones se encuentran los casos de violencia de género en los supuestos en los que el menor se puede encontrar en una situación compleja para integrarse, así como también los casos de las uniones de hecho formalizadas o los casos de gestación por sustitución; e, incluso, en relación con las TIC, las nuevas tecnologías de la información y comunicación, la protección e integración social del menor en relación con las redes sociales, así como la más reciente legislación que afecta también al menor como la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la jurisdicción voluntaria
