Resumen
El estado ecuatoriano ha tomado medidas significativas para proteger su patrimonio cultural arquitectónico mediante un mecanismo de control técnico de alcance nacional y una política descentralizada que atribuye las competencias a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos para preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural de su territorio. El objetivo planteado, fue analizar los avances normativos de la legislación ecuatoriana en función de las competencias delegadas a estos gobiernos autónomos locales y determinar su nivel de capacidad operativa mediante el uso de las herramientas técnicas existentes para poner en valor su patrimonio territorial arquitectónico. La metodología empleada fue la revisión documental de los instrumentos normativos internacionales (contexto latinoamericano), nacionales y de alcance local en materia de legislación para la protección de los bienes inmuebles patrimoniales arquitectónicos. Este enfoque macro se despliega en tres fases, donde la primera refiere al análisis de la escala supranacional para identificar las herramientas y procedimientos técnicos similares sobre la gestión de su patrimonio arquitectónico abordando ámbitos como el marco legal, las instituciones rectoras, tipos de protección, tipo de bienes, procesos de declaratorias, registro, inventario y catalogación. La segunda fase se enfoca en el contexto nacional con la revisión de fuentes documentales que han determinado el avance normativo desde el periodo republicano del Ecuador, marcadas por las decisiones políticas en 1945 con la derogada Ley de Patrimonio Artístico y sus múltiples reformas que configuraron la actual Ley Orgánica de Cultura vigente desde el 2016. La tercera fase refiere a la escala local, que determinó el Nivel de Capacidad Operativa Municipal desde que asumieron las competencias para la gestión de los inmuebles patrimoniales arquitectónicos producto de dos momentos de análisis, el primero al obtener un nivel de capacidad operativa nacional desde los informes de evaluación de organismos públicos que rigen las competencias de estos gobiernos locales y de su entidad asociativa, y el segundo momento desde la unificación de dos evaluaciones conformadas, en primera instancia de las variables establecidas en los instrumentos de evaluación de su organismo asociado con la valoración del nivel alcanzado desde un indicador sintético. Se concluye que las legislaciones de los países del contexto próximo a Ecuador, emplean una estructura estandarizada con jerarquía en la institucionalidad para la ges¬tión del patrimonio con dependencias ministeriales que gozan de supremacía sobre entidades subordinadas que desempeñan los roles técnicos para la identificación, manejo, y protección del patrimonio cultural, las que en su mayoría comparten la responsabilidad de generar y construir la normativa para la protección del patrimonio inmueble. En el ámbito ecuatoriano, su legislación enfrenta constantes desafíos por la reciente transferencia de competencias en materia patrimonial a los gobiernos municipales, y aunque mantiene un ente de control técnico en territorio de alcance nacional para el acompañamiento en asesoría y gestión a estos niveles de gobierno, han presentado debilidades institucionales para actualizar sus conocimientos en ejercer una gestión adecuada del patrimonio inmueble. Además de contener herramientas que solo permiten registrar e inventariar los bienes patrimoniales, mas no le otorgan segmentos que recomienden acciones de prohibiciones, restricciones o intervenciones al momento de su intervención. Estas limitaciones se reflejan en las acciones emprendidas por los municipios manabitas que demuestran enormes debilidades para intervenir y poner en valor su patrimonio inmueble dentro de su territorio con un nivel unificado de 57.35% en el ejercicio de la gestión de competencias.
